Los maestros de la CNTE extreman la presión contra el Gobierno y se preparan para la huelga indefinida

La mano tendida del Gobierno de Claudia Sheinbaum no ha encontrado quien la estreche al otro lado. Los maestros mexicanos continúan su escalada en las movilizaciones con un horizonte inamovible: la derogación de la ley del ISSSTE de 2007, que modificó gran parte de las condiciones laborales del gremio y del resto de los trabajadores públicos. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CNTE, que encabeza las presiones, parece dispuesta a cumplir sus amenazas y ya se prepara para ir a una huelga indefinida de labores, a la espera de concretar la fecha de inicio, que deberá votarse este viernes en una consulta nacional. Los días propuestos son, en principio, el 1, el 8 o el 15 de mayo, especifica por teléfono uno de los portavoces del sindicato, Pedro Hernández Morales.

En un duro comunicado publicado el viernes por la noche, posterior al segundo Foro Nacional de los trabajadores estatales, la Coordinadora afirma que la propuesta de reforma de Sheinbaum del 7 de febrero “nació muerta” por no retomar la abrogación de la “ley criminal de 2007″. La iniciativa presidencial, continúan, “fue retirada, no en un acto de bondad hacia el magisterio nacional, sino como una respuesta a la movilización de miles de trabajadores de la Educación y derechohabientes del ISSSTE”.

El éxito de las protestas del gremio, que comenzaron en febrero y se extendieron en marzo con un paro nacional de tres días, no han servido para reducir la presión sino todo lo contrario: han pisado el acelerador con vistas a conseguir el objetivo final. Entre las cuestiones más polémicas de la reforma que se aprobó hace casi 20 años, bajo el mandato de Felipe Calderón, está el traslado de las pensiones públicas a las cuentas individuales gestionadas por las Afores, cuya reversión se ha convertido en una línea roja para el sindicato. A esta petición se suma el cálculo de la jubilación a partir del salario mínimo —220 pesos al día— y no de la UMA —106 pesos diarios—, y la recuperación de los años de servicio cumplidos como requisito para retirarse: 28 para ellas, 30 para ellos.

Es en este último punto donde los sindicatos ―hasta 40 firmaron el comunicado del viernes― han arrancado más medidas al Gobierno, que ha intentado encontrarlos a medio camino. Tras la polémica que generó la iniciativa de reforma presentada el 7 de febrero, la presidenta accedió a retirarla a la espera de llegar a un acuerdo con el gremio que todavía se resiste. Prometió, sin embargo, recuperar con un decreto las cuestiones que más beneficiaban a los trabajadores, como la congelación de la edad de jubilación a los 56 años para ellas, y los 58 para ellos, que habría continuado aumentando de haber dejado la ley tal como estaba. Este decreto fue enviado el 2 de abril a la Comisión Nacional de Mejora de la Regulación (Conamer) y está pendiente de publicarse en el Diario Oficial de la Federación.

La Coordinadora lo ve como un buen inicio, pero no lo considera suficiente. “Lo que nosotros planteamos es que puede fijarse una ruta para la abrogación que establezca algunos tiempos”, dice Hernández Morales: “Porque el periodo de sesiones termina el 30 de abril y hasta agosto no hay uno nuevo”. La presidenta ha reconocido en varias ocasiones que la ley de 2007 fue lesiva para los derechos de los trabajadores, el problema está, dice, en el gasto que supondría regresar ahora a un esquema solidario de jubilación, como reclaman los sindicatos. Desde el Gobierno apuntan que no hay dinero suficiente, pero ellos replican que sí hay recursos, que es una cuestión de decidir utilizarlos para esta reforma.

Claudia Sheinbaum se ha ofrecido a atenderlos el próximo 8 de mayo, pero desde la CNTE consideran que “esto es urgente” y han solicitado volver a reunirse antes para discutir los siguientes pasos. Las Secretarías de Educación y Gobernación se han mostrado dispuestos a hablar con ellos sobre las medidas en materia de pensiones, según ellos mismos reconocen, pero quieren que sea la presidenta quien los reciba. “Nuestra táctica es movilización, negociación, movilización. Esperamos que antes de la fecha del estallamiento del paro podamos retomar el diálogo”, manifiesta el portavoz.

Según los cálculos del Ejecutivo, la reforma retirada afectaría a 3,2 millones de trabajadores en activo y 1,33 millones de pensionados. Aunque tiene su origen en el sexenio anterior, quedó guardada en un cajón con el resto de asuntos pendientes, a la espera de ser retomados por el actual gabinete. López Obrador, sin embargo, gozó de una tregua relativamente estable por parte de los maestros, cuyos colectivos cuentan con un poder histórico en los Estados. La tregua puede darse ahora por concluida: el magisterio vuelve a poner a prueba su capacidad de presión.